Más de 4 millones de pesos por daño ambiental tras tráfico de aletas de tiburón
Juez federal sentencia a responsable por intentar exportar 2.2 toneladas de aletas protegidas hacia Filipinas
CDMX. – Un cargamento de 2 mil 200.5 kilogramos de aletas de tiburón valuado en millones de pesos y con destino a Filipinas terminó en decomiso, prisión y una histórica reparación del daño ambiental. El Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Colima dictó sentencia contra la persona responsable de intentar exportar ilegalmente especies protegidas, imponiendo una sanción económica superior a los 4 millones de pesos, además de cárcel, multa y suspensión de derechos políticos y civiles.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la resolución judicial establece una pena de dos años y ocho meses de prisión, así como el pago de una multa de 73 mil 168 pesos, por el delito contra la biodiversidad derivado de la tentativa de extracción ilegal de aletas de tiburón con fines comerciales. La mercancía fue localizada dentro de un contenedor en el puerto interior de Manzanillo y pretendía ser enviada al mercado asiático sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.
El fallo también obliga al responsable a cubrir 4 millones 079 mil 387 pesos por concepto de reparación del daño ambiental, además del decomiso total de la mercancía asegurada. A esto se suma la suspensión de derechos políticos y civiles y una amonestación dictada por la autoridad judicial.
De acuerdo con la Profepa, el delito acreditado corresponde a la extracción ilícita de especies de tiburón pertenecientes a los géneros alopias y carcharhinus, incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, mejor conocida como Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Estas especies cuentan con protección internacional debido a la presión pesquera y al riesgo de disminución de sus poblaciones.
La conducta sancionada está prevista en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, el cual castiga la extracción, acopio, transporte o comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestres protegidas. En este caso, la autoridad judicial consideró acreditado que la exportación tenía fines comerciales y que existió tentativa de consumación del delito.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente participó en el proceso como víctima y coadyuvante del Ministerio Público de la Federación, aportando elementos técnicos para determinar la afectación ecológica y establecer el plan de reparación del daño al ambiente derivado de la extracción ilegal de las especies marinas.
El Centro de Justicia Penal Federal citó a las partes el pasado 8 de mayo para la audiencia de explicación y lectura de sentencia. A partir de esa fecha se abrió el periodo legal para la interposición de recursos de apelación. En caso de que ninguna de las partes impugne la resolución, la sentencia quedará firme y será turnada al Juez de Ejecución para el cumplimiento de las sanciones impuestas.
El caso representa uno de los procedimientos más relevantes en materia de protección ambiental y combate al tráfico ilegal de especies marinas en México, en medio de las alertas internacionales por la captura y comercialización de tiburones para abastecer mercados extranjeros, particularmente asiáticos, donde las aletas mantienen una alta demanda comercial.