En el campo de México: “Quien suelte al tigre, que lo amarre”

POR: Dr. Ernesto Enríquez Rubio / M.C. Manuel De Jesús Quintero Meza

Citando al ex Presidente López Obrador, a raíz de las inconformidades manifiestas expresadas sobre todo por los productores agrícolas y ganaderos del País, en contra de las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, sobre las Modificación a la Ley de aguas nacionales; el Domingo 19 de Octubre SEMARNAT Y CONAGUA emiten en la Ciudad de México, un comunicado de prensa 121-25; (ojo: no es un informe oficial, tampoco está firmado por alguna autoridad) sobre la propuesta de iniciativa de reforma y nueva ley en materia hídrica que envía el ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, que entre otras cosas señala lo siguiente:

“…Es importante subrayar que la iniciativa respeta plenamente los derechos del sector agrícola, manteniendo la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego en la administración de las aguas que tienen concesionadas, conforme a sus propios reglamentos.”

Continúa el comunicado informando:

“De esta manera se aclara que con esta iniciativa: No desaparece la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por el contrario se fortalece su papel institucional y técnico.”

“Con la emisión de esta Reforma, todos los usuarios que tienen un título vigente, conservarán los derechos que les fueron concesionados. Ninguna Ley es Retroactiva”.

“Se conserva la regla de que las prórrogas de los títulos de concesión se otorguen hasta por el mismo tiempo y características”.

“No se promueve la especulación ni la expropiación de títulos de concesión, por el contrario se busca dar certeza jurídica y consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales”.

“No se vulneran los derechos del campo; se impulsa la tecnificación del riego y el acceso a programas de apoyo como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para uso agrícola (PEUA).

Sin embargo, para tener certeza jurídica es necesario y fundamental que lo que se señala en el comunicado, se exprese explícitamente en el texto del articulado.

Al día siguiente el lunes 20 de octubre, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Lo más relevante de esta reunión es que fue aprobada por unanimidad la realización de la práctica de Parlamento Abierto o consulta pública, la Propuesta enviada por la Presidencia de la Republica sobre las Modificaciones a la Ley General de aguas. No se aprobó en fast track como lo han hecho con otras leyes. Este es un triunfo momentáneo para diversas organizaciones de productores y usuarios del País, que planteamos esta petición formalmente y por escrito a los Diputados Federales y Senadores, que atendieron esta petición.

Por otra parte la Ley de Aguas Nacionales, que coadyuva a garantizar el derecho humano al agua consagrado en la Constitución, debemos también tener presente los acuerdos de la Segunda Conferencia Internacional del Agua de la ONU en 2023 sobre el nexo agua-alimentación.

En efecto, el derecho humano al agua es interdependiente con el derecho humano a la alimentación que requiere seguridad jurídica para el uso agropecuario que aprovecha las aguas nacionales, mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal para la producción de alimentos, soporte del derecho humano a la alimentación, también consagrado en la Constitución.

Para lograr ambos objetivos de política pública es necesario, por un lado, fortalecer la rectoría del Estado y por la otra, promover la inversión en el sector agroalimentario con la finalidad de incentivar el uso eficiente del vital líquido mediante la tecnificación y modernización del campo y promover la producción de alimentos y la tan anhelada soberanía alimentaria

En la iniciativa presentada existen algunas consideraciones que pudieran generar impactos negativos y generar incertidumbre a los productores de alimentos de nuestro país y a diferentes eslabones de las cadenas productivas como la banca comercial, que pudieran desincentivar la inversión en el campo y con ello afectar el abasto de alimentos suficientes y asequibles para toda la población.

Por lo tanto, se debe de preservar la autonomía de los distritos de riego sin afectar los propósitos de la Iniciativa.

Entre las inquietudes tenemos:

• Considerar el uso público y urbano como parte del Derecho Humano al Agua. La industria, los parques y jardines y las empresas no domésticas que se abastecen del uso público o urbano no deben de ser considerados dentro del Derecho Humano al Agua.
• Facultar a la Autoridad del Agua a disminuir o cancelar los volúmenes concesionados sin ningún límite. Hoy en la actual Ley estas acciones están protegidas por una declaratoria de utilidad pública y en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales.
• No se expresa con claridad y por escrito, que las transferencias dentro de los distritos de riego prevalecerán conforme a sus reglamentos.
• Condicionar las características de los títulos en las prórrogas a la disponibilidad, a la responsabilidad hídrica y al cumplimiento de obligaciones fiscales (invadiéndose competencias sin respetar las que expresamente se tienen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal)
• No se precisa cómo, en las compraventas de terrenos o empresas o en las defunciones, se garantiza que no se perderán los derechos.

Adicional a lo comentado, las organizaciones están planteando el caso de los aprovechamientos pecuarios sin títulos registrados y las concesiones pecuarias de bajo volumen (no mas de tres litros por segundo y solo para uso doméstico y de abrevadero) que se mantengan como exentas, por asumir los productores tareas que los municipios no pueden atender por lo disperso de los asentamientos y por ser el agua para consumo animal la única forma que la actividad pecuaria siga realizándose en cerca de 100 millones de has, mas del 80% áridas o semiárida.

Todo indica que las iniciativas del ejecutivo sobre las ley de aguas, aunado la falta de políticas públicas efectivas para atención del sector agropecuario en el país, está despertando al tigre en el campo del País.

Dr. Ernesto Enriquez Rubio: Productor, Ganadero y Asesor agropecuario

M.C. Manuel De Jesús Quintero Meza: Productor, Consultor, Usuario del Distrito de Riego 014.