Sinaloa lidera opacidad en contratos: Gárate
Diputada advierte alto nivel de adjudicaciones directas, bajo castigo a funcionarios y crisis de feminicidios en el estado
Culiacán, Sinaloa.— La diputada Paola Gárate alertó sobre un incremento en la opacidad en el manejo de recursos públicos en los ayuntamientos de Sinaloa, al señalar que el 81.3 por ciento de los contratos celebrados en 2024 se otorgaron por adjudicación directa, es decir, sin concurso público. De acuerdo con datos del INEGI, esta cifra representa un aumento respecto a 2020, cuando el porcentaje era de 62.3 por ciento, lo que evidencia un retroceso en materia de transparencia.
Durante conferencia de prensa, la legisladora comparó que en entidades como Michoacán este tipo de contratos representa apenas el 26 por ciento, mientras que en Sinaloa el 48 por ciento del presupuesto destinado a empresas privadas se asigna sin procesos competitivos. Indicó que esto se traduce en mil 235 millones de pesos ejercidos de forma discrecional, frente a los 95 millones reportados en Yucatán bajo el mismo esquema.
Asimismo, señaló que la licitación pública nacional, considerada el mecanismo más transparente, apenas representa el 27 por ciento del presupuesto en los municipios sinaloenses, muy por debajo del 57 por ciento registrado en Quintana Roo. A esto se suma que, aunque en 2024 se presentaron 645 denuncias contra servidores públicos, solo nueve derivaron en sanciones, en contraste con Jalisco, donde se sancionó a 47 funcionarios.
En otro tema, Gárate advirtió una crisis de violencia feminicida en el estado, con 20 mujeres asesinadas en los primeros tres meses de 2026, de las cuales 15 casos fueron tipificados como feminicidio. Subrayó que esta cifra representa un incremento del 240 por ciento respecto a periodos anteriores y posiciona a Sinaloa con la mayor incidencia nacional, al concentrar en enero el 14.8 por ciento de los casos reportados en el país. Ante ello, propuso la creación de una célula de atención inmediata y exigió la comparecencia de autoridades estatales para rendir cuentas sobre las acciones implementadas.