Los apoyos al campo deben ser suficientes y establecerse con carácter constitucional
Por Manuel Quintero Meza
De acuerdo con datos de la empresa MONEX, basados en cifras del Banco de México, la economía mexicana mostró una desaceleración significativa en el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 0.5% a tasa anual. El sector primario fue el más afectado, con una contracción del 8.5% trimestral, reflejando caídas en la agricultura y los servicios relacionados con actividades agropecuarias y forestales. Este es el mayor retroceso del sector desde el segundo trimestre de 2011.
Esta situación se debe a tres principales causas que han provocado una caída muy importante en la producción nacional, sobre todo de granos básicos:
- Las circunstancias en los mercados internacionales, con altos precios en los insumos y bajos precios para las cosechas.
- Las condiciones de sequía extrema en el país, que ha provocado una baja en la disponibilidad de agua para riego y escasos temporales.
- Las políticas públicas de atención al campo por parte de los distintos niveles de gobierno.
Respecto a esta última causa, es necesario hacer un llamado a las más altas autoridades nacionales y locales. Resulta incomprensible, y me aventuro a señalar que irresponsable, por parte de los funcionarios que atienden el sector, desde el Secretario de Agricultura del Gobierno Federal hasta los responsables en cada entidad, que anuncien apoyos sin contar con la absoluta seguridad de que estos llegarán a tiempo.
Por ejemplo, se ha anunciado que los apoyos destinados a los productores de maíz y trigo en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California —en particular, el Valle de Mexicali—, correspondientes a las cosechas del año pasado, ya están en camino. Sin embargo, la falta de pericia, conocimiento, compromiso o sensibilidad por parte de quienes administran estos recursos no les permite entender que, para muchos productores y sus familias, estos apoyos son el sustento familiar en lo que llegan los ingresos de la venta de su siguiente cosecha.
Un caso emblemático es el de los productores de trigo del Valle de Mexicali, a quienes se les adeudan $250 millones de pesos por parte de la Sader Federal. Además, un apoyo adicional que otorgará el Gobierno de Baja California —algo muy positivo, ya que no se realiza en otras entidades— se ha convertido en motivo de inconformidad y protesta debido a la forma incorrecta en que se está entregando. Contrariamente a la filosofía de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que promueven la entrega directa de apoyos a los beneficiarios sin intermediarios, estos recursos no están llegando directamente a los productores.
Ante esta situación, considero que los apoyos a los productores del campo en México deben establecerse en la Constitución, tal como ya se ha hecho con los Programas de Bienestar, como el de los Adultos Mayores, las becas para jóvenes y otros. Garantizar estos apoyos es de similar importancia, ya que se trata de asegurar la producción de alimentos para la población por parte de los productores del sector rural de nuestro país.
Al establecer estos apoyos en la Constitución, se blindarían de los vaivenes presupuestales y de los cambios en las administraciones gubernamentales. Esto permitiría que los productores cuenten con un respaldo firme y constante, independientemente de los funcionarios en turno.
En conclusión, es urgente que las autoridades entiendan la importancia de garantizar los apoyos al campo de manera suficiente y oportuna. El campo mexicano no puede seguir siendo el sector más vulnerable de nuestra economía. Es momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro, estableciendo medidas que protejan a quienes producen los alimentos que llegan a nuestra mesa.
El M.C. Manuel Quintero Meza es consultor y productor agropecuario.