Intercamaral impulsa ley para que víctimas de robo de autos no paguen arrastre
Rafael Izabal Sainz, presidente del Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa, presentó una iniciativa ante el Congreso local para eliminar el cobro de arrastre y pensión a quienes recuperan sus vehículos, al considerar que esta práctica constituye una doble victimización económica.
Culiacán, Sinaloa.- En un contexto donde el robo de vehículos en Sinaloa se ha disparado, el Consejo Intercamaral de Culiacán dio un paso al frente y presentó una iniciativa formal ante el Congreso del Estado para eliminar las cuotas de arrastre y pensión que actualmente deben pagar las víctimas para recuperar sus unidades.
Rafael Izabal Sainz, presidente del Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa y actual dirigente del organismo en la capital, expuso que el robo de vehículos no solo es un problema de seguridad, sino que también impone una fuerte carga económica adicional a las familias afectadas. Detalló que, según cifras publicadas en el periódico Noroeste, del 9 de septiembre de 2024 al 24 de febrero de 2026, se han registrado 9 mil 902 vehículos robados en la entidad, lo que equivale a un promedio de 19 unidades sustraídas diariamente.
Para dimensionar el impacto humano, Izabal Sainz ejemplificó con un caso recurrente: “María sale de su casa a las 6:30 de la mañana para llevar a sus hijos a la escuela. Dos hombres armados la interceptaron. En segundos pierde su vehículo, pero también la tranquilidad. Ese automóvil no era un lujo: era la herramienta para trabajar, trasladar a su familia y sostener su economía”.
Las cifras respaldan la gravedad del fenómeno. Según el informe mensual de Seguridad y Paz, el robo de vehículos aumentó 2.5 veces de 2024 a 2025. Tan solo en 2025 se reportaron 6 mil 851 robos en el estado, de los cuales 3 mil 923 ocurrieron en Culiacán, lo que representa un incremento del 57 por ciento en la capital. En cuanto a la recuperación, la tasa estatal ronda el 18 por ciento, mientras que en Culiacán es del 26 por ciento.
El dirigente juvenil subrayó que el mayor agravio ocurre cuando el vehículo es recuperado, ya que generalmente es trasladado a pensiones privadas mediante grúas particulares, con costos que oscilan alrededor de 12 mil pesos por arrastre y resguardo. Con un promedio de cuatro vehículos recuperados diariamente a nivel estatal, esto representaría cerca de 48 mil pesos diarios en costos para las víctimas, es decir, alrededor de 1 millón 440 mil pesos mensuales.
Con base en datos oficiales que reportan mil 907 vehículos recuperados, el cobro estimado por arrastre generaría un sobrecosto de 22 millones 884 mil pesos para los afectados. “Nuestra postura es clara: la víctima no debe pagar las consecuencias económicas de un delito que no cometió”, enfatizó Izabal Sainz, quien citó a la Organización de las Naciones Unidas para señalar que cobrar estas cuotas constituye una forma de revictimización.
Ante este panorama, el Consejo Intercamaral hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para trabajar de manera coordinada en soluciones que permitan recuperar la seguridad y la confianza en la entidad, comenzando por eliminar este castigo económico adicional para quienes ya han sufrido la pérdida de su patrimonio.