Cuestionan contrato de 36 mdp en OPLE Oaxaca por presuntas irregularidades
Ciudad de México, 27 de diciembre de 2025.— El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato por 36 millones 90 mil pesos para la compra de material electoral correspondiente al proceso de Revocación de Mandato 2025–2026, lo que ha generado incertidumbre a nivel estatal.
De acuerdo con información documentada, las actuaciones administrativas del procedimiento se realizaron los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial, situación que ha generado dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Pese a la existencia de una propuesta aproximadamente 15 por ciento más económica y con mayores garantías técnicas, la presidencia del organismo electoral, encabezada por Elizabeth Sánchez González, perfila como posible adjudicataria a la empresa Flexométrica, S.A. de C.V., la cual no cuenta con experiencia acreditada en procesos electorales ni en ejercicios de participación ciudadana de gran escala.
La titular del IEEPCO enfrenta actualmente investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con su desempeño administrativo y el manejo de recursos públicos, según registros oficiales.
Durante el procedimiento, Talleres Gráficos de México presentó una oferta que representaba un ahorro cercano a seis millones de pesos para el erario, además de acreditar infraestructura instalada, experiencia comprobada y ausencia de sanciones administrativas como proveedor institucional; sin embargo, su propuesta fue descartada sin que se emitiera una explicación pública detallada.
Información del sector señala que Flexométrica forma parte de un consorcio de empresas dedicado a la producción de materiales y servicios electorales, integrado también por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs.
Este grupo ha sido señalado por operar bajo distintas razones sociales en diversas entidades, así como por establecer alianzas cuestionadas con autoridades locales, lo que ha derivado en inconformidades de competidores y observaciones de instancias fiscalizadoras.
Fuentes oficiales confirmaron que contratos vinculados a este consorcio se encuentran bajo investigación de la ASF, entre otras causas, por presuntas irregularidades administrativas e inconsistencias fiscales, incluida la presentación de documentación sin sustento.
Durante el proceso electoral de 2024 en Oaxaca, empresas relacionadas con este grupo obtuvieron contratos pese a no cumplir plenamente con los requisitos técnicos, lo que derivó en retrasos en la entrega de materiales, deficiencias operativas y una crisis logística para el organismo electoral.
Especialistas en fiscalización advirtieron que la combinación de procedimientos cuestionados, actuaciones administrativas en días inhábiles, mayor costo del contrato, falta de experiencia del proveedor y las investigaciones en curso contra la presidencia del OPLE podrían derivar en nuevas observaciones de la ASF y en riesgos operativos para el proceso de revocación de mandato.
Las decisiones, señalaron, recaen en la presidencia del instituto y en el Comité de Adquisiciones, responsables de garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.