Exigen incluir la tortilla en programas sociales y declarar crisis en la industria tradicional
Juan Carlos Dávila advierte que el sector enfrenta colapso económico y llama a una estrategia inmediata de rescate
Ciudad de México.– Juan Carlos Dávila Arteaga, presidente del Consejo de Administración de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla, lanzó un llamado urgente al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión para que se atienda de manera inmediata la crisis económica, alimentaria y agroalimentaria que enfrenta el sector tradicional de la tortilla en México.
Dávila afirmó que la industria nixtamalizada vive un colapso desde la pandemia por COVID-19, agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía severa, los cambios de gobierno en los tres niveles, la falta de atención al campo, la sobrecarga fiscal y la competencia desleal del comercio informal y tiendas de autoservicio.
“El negocio tradicional de la tortilla, que nutre a México, no puede seguir siendo excluido de los programas sociales. No fuimos incluidos en la canasta básica, ni en el PACIC, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el presupuesto 2025”, denunció.
Aunque recientemente cuatro representantes del sector firmaron un acuerdo nacional en el que prometen una baja gradual del precio de la tortilla de hasta un 10 por ciento en seis meses, Dávila aclaró que estos solo representan a sus organizaciones, no al sector en general. “No son presidentes nacionales como se autonombran”, puntualizó.
La industria tradicional nixtamalizada agrupa a más de 110 mil establecimientos que generan 580 mil empleos directos en el país. En contraste, los grandes autoservicios con producción propia de tortilla representan apenas 1,550 puntos de venta y 13 mil empleos, pero gozan de condiciones fiscales y operativas más favorables.
El líder empresarial presentó una serie de propuestas concretas:
Incluir la tortilla en la canasta básica nacional.
Crear un fideicomiso alimentario para financiar al sector.
Acceso a créditos blandos y esquemas de capitalización.
Reducción de la carga fiscal (Art. 22 de compensación universal) y laboral (Art. 72 del IMSS, pasar del nivel 5 al 2).
Centros de acopio de maíz y harina por estado para la industria.
Revisión de los precios por tonelada de flete, actualmente de hasta $1,400 entre Sinaloa y Ciudad de México.
Regulación y control de los monopolios y oligopolios que fijan condiciones de mercado.
Dávila también denunció que el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) les impide compensar IVA, lo cual afecta directamente el flujo operativo de los negocios formales.
“El punto de equilibrio en nuestras empresas ya se elevó 160%. Hemos soportado incrementos improvisados y desproporcionados desde la pandemia. Esta es una crisis que no puede seguir siendo ignorada”, declaró.
La Gran Alianza entregó un proyecto integral a 14 comisiones del Congreso con competencia en temas de soberanía y seguridad alimentaria, y exhortó a que se presente una estrategia inmediata, no gradual, como artículo transitorio, iniciativa de ley o decreto.
“Todo puede esperar, menos el hambre”, concluyó Dávila, quien también encabeza la Productora Nacional de Maíz y Tortilla y participa como delegado del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano en Zacatecas.